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Integridad y reputación corporativa, dos caras de la misma moneda.

Una buena cultura de integridad en un sólido esquema de gobierno corporativo será un ‘driver’ fundamental que las empresas tendrán para asegurarse una buena reputación.

“Difícil de construir, fácil de perder” dijo Paul Polman, CEO de Unilever, recientemente en un tuit sobre el trabajo que debe llevar adelante su empresa y los desafíos que enfrenta. En efecto, la reputación corporativa es un bien de gran importancia para las empresas en la actualidad.

Definido frecuentemente como el conjunto complejo de percepciones y creencias que distintos grupos de interés tienen con respecto a una organización y que se ha ido formando a través de experiencias y expectativas a los que éstos se han visto expuestos, diversos estudios afirman que este bien de carácter intangible y fluido puede representar entre un 20 y un 30% del valor de mercado empresas que cotizan en bolsa.

Es que, en la actualidad, la reputación corporativa va más allá del clásico (y limitado) enfoque de reputación como marca: más allá de la calidad intrínseca de los productos y servicios que brindan, hoy en día las empresas son crecientemente evaluadas y juzgadas por cómo se comportan y llevan adelante sus operaciones. En otras palabras, de qué manera tratan y son capaces de construir y mantener relaciones de confianza con diversos grupos de interés, desde sus propios empleados, así como también actores de sus cadenas de valor, consumidores o clientes, organizaciones de la sociedad civil, reguladores, especialmente con respecto a aspectos no financieros (dimensiones medioambientales, sociales y de gobernanza).

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Invertir en sostenibilidad es ganar competitividad.

En 1987, el informe Our Common Future acuñó la definición de desarrollo sostenible como aquel que “responde a las necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades”. Esta filosofía late asimismo bajo el concepto de competitividad sostenible que el Foro Económico Mundial (WEF) recoge en su informe sobre competitividad del año 2015.

El Foro insistía entonces en que la competitividad sostenible tiene más que ver con esta idea de un desarrollo sostenible que con la importancia de la productividad como garante del crecimiento futuro. Este tipo de competitividad era, pues, “el conjunto de las instituciones, políticas y factores que hacen a una nación productiva a largo plazo a la vez que aseguran la sostenibilidad del medioambiente”.

La tarea atañe así al Estado y el tejido productivo, que deben trabajar de manera coordinada en la reducción del carbono, la mejora de la salud y la biodiversidad; y, en el plano social, la inclusión, la equidad y la cohesión y la resiliencia.

Por fortuna, la correlación entre competitividad y sostenibilidad es muy positiva, como revela el informe de Forética y Marca España RSE y marca España: Empresas sostenibles, país competitivo: con datos del propio WEF, los autores establecen la sintonía entre ambas magnitudes, y demuestran que “el desarrollo de una RSE -responsabilidad social empresarial- de vanguardia en las empresas e instituciones es una fuente de competitividad a largo plazo”.

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El Ibex 35 asume ya los retos de un desarrollo sostenible.

Los objetivos más trabajados por las empresas españolas coinciden en su mayoría con temáticas reguladas en la normativa nacional, por lo que las empresas deben cumplir con determinados requisitos legales, según se desprende de los datos del informe de la Red Española del Pacto Mundial, titulado: ODS, Año 2. Análisis, Tendencias y liderazgo empresarial en España. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Buen Gobierno.

Así, por ejemplo, en materia de seguridad y salud laboral -ODS 3- o en materia de condiciones de trabajo igualitarias entre mujeres y hombres -ODS 5-, las compañías consideran que la legislación por sí sola es insuficiente para alcanzar los Objetivos, como demuestra el hecho de que la brecha salarial entre hombres y mujeres se situase en España en el año 2014 en torno al 23 ciento.

En España, cada comunidad autónoma tiene un contexto particular, por lo que las empresas de cada zona se enfrentan a retos y desafíos específicos. La tendencia que reflejan las empresas firmantes del Pacto Mundial es generalizada en las diferentes regiones en relación al Objetivo 8 -Trabajo decente y crecimiento económico- y al Objetivo 5 Igualdad de género-. Estos se trabajan de forma prioritaria.

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Las grandes empresas deberán informar de sus medidas de igualdad.

La nueva ley de información no financiera obligará a las compañías de más de 500 trabajadores a explicar su política social y medioambiental.

Las grandes empresas tendrán que informar públicamente cada año de las decisiones que tomen sobre igualdad de género, protección del medio ambiente, derechos humanos o lucha contra la corrupción. Junto al informe anual sobre resultados que están obligadas a presentar, tendrán que redactar otro sobre el impacto medioambiental y social de sus actividades. Así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley sobre información no financiera de las grandes empresas aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Según el borrador, que ha sido enviado al consejo de Estado para que emita su dictamen antes de que se inicie la tramitación parlamentaria, las grandes empresas tendrán que incluir esta nueva información en el informe anual de gestión que acompaña a las cuentas o en el informe de gobierno corporativo, en el caso de las empresas cotizadas. Según el texto, tienen consideración de grandes empresas todas aquellas con una media superior a 500 trabajadores en un ejercicio o las que durante dos ejercicios seguidos cumplan dos de estos requisitos: tener activos por más de 20 millones de euros, facturar más de 40 millones de euros o que la media de trabajadores sea superior a 250.

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¿Generan valor las empresas sostenibles?

Los estudios confirman que la inversión en estas compañías obtiene de media mayor rentabilidad.

Parece incluido en el propio concepto que una empresa no sostenible no tendrá futuro: lo insostenible no puede perdurar. Esto es bastante obvio en el campo financiero, y lo hemos visto recientemente con Banco Popular: una sangría de salidas de fondos acabó con él. El desenlace ha sido rápido, si bien arrastraba desde hace tiempo importantes problemas que ponían en duda su viabilidad financiera. Pero nos ha costado más comprender que tiene un futuro incierto una empresa que carece de una adecuada política en lo social y en lo medioambiental.

La larga y dura crisis que comenzó en 2007 y cuyas secuelas seguimos padeciendo nos ha enseñado la importancia de una buena regulación. Lo que sucede es que el Estado actual no puede regularlo todo, el mundo es demasiado complejo y las actuaciones de los agentes se mueven, a menudo, en la globalización.

Aumenta así la importancia de la autorregulación y aparece un concepto fundamental: la transparencia, que es la que permite el control moral por parte de los mercados. Si las actividades económicas son transparentes, los clientes pueden dar la espalda a aquellas empresas que no se comporten según los valores dominantes en una sociedad, y los trabajadores más valiosos abandonarlas.

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