La Comisión Europea ha presentado el "Proyecto de Directiva sobre Reclamos Ecológicos", un nuevo conjunto de reglas que requiere que las empresas sustenten y verifiquen sus afirmaciones y etiquetas ambientales, con el objetivo de proteger a los consumidores del "greenwashing".
Según la Comisión, las nuevas reglas abordan la necesidad de información confiable y verificable para los consumidores, tras un estudio que encontró que más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de las empresas en la UE eran vagas o engañosas, y el 40% no tenía ninguna base.
Las áreas específicas que cubren las nuevas reglas son las afirmaciones explícitas realizadas por las empresas, como "embalaje hecho de un 30% de plástico reciclado" o "protector solar amigable con el océano", abarcando todas las afirmaciones voluntarias sobre los impactos ambientales, aspectos o desempeño de los productos, servicios o la propia empresa.
Las reglas también proponen requisitos mínimos para que las empresas sustenten, comuniquen y verifiquen sus afirmaciones ecológicas. Según las propuestas, las empresas deberán garantizar la confiabilidad de sus afirmaciones ambientales voluntarias, que tendrán que ser verificadas estrictamente y respaldadas con evidencia científica. Las empresas también tendrán que identificar los impactos ambientales relevantes para sus productos, así como cualquier posible compensación.
A su vez, esta reglamentación también busca abordar la proliferación de etiquetas ambientales privadas. Según la Comisión, actualmente se utilizan al menos 230 etiquetas verdes diferentes, lo que lleva a la confusión y desconfianza de los consumidores.
La Comisión ha expresado que las empresas más pequeñas con menos de 10 empleados y menos de €2 millones en ingresos estarán exentas de las obligaciones de las nuevas propuestas.
Foto de Jess Morgan en Unsplash
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