La Comisión Europea ha dado un giro inesperado en su estrategia de sostenibilidad con la aprobación del Paquete Ómnibus, una medida que debilita las principales directivas sobre reporte corporativo. Con la excusa de reducir la carga administrativa para las empresas y evitar desventajas competitivas, se han introducido cambios significativos en la Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) y la Taxonomía Verde. Esta flexibilización, aunque bien recibida por ciertos sectores empresariales, ha generado una gran incertidumbre y preocupación en el ecosistema de la sostenibilidad.
Uno de los principales recortes afecta a la CSRD, que ahora solo aplicará a empresas de más de 1.000 empleados, excluyendo al 80% de las entidades que antes estaban obligadas a reportar. Además, se eliminan los estándares sectoriales, lo que dificultará la comparabilidad de los informes y podría reducir la transparencia para inversores y otros grupos de interés. También se relajan las auditorías externas y se plantea un retraso en la aplicación de la normativa, lo que deja a muchas empresas en un limbo regulatorio, sin saber si deben seguir adelante con sus planes de cumplimiento o esperar a que los cambios se oficialicen.
La Taxonomía Verde también sufre modificaciones sustanciales, ya que la mayor parte de las empresas quedará exenta de reportar su alineación con este marco. Se permite, además, el reporte de alineación parcial, lo que podría debilitar la confianza en las inversiones sostenibles y dar margen a prácticas de greenwashing. Esto podría desalentar la transición ecológica, ya que las empresas tendrán menos incentivos para adaptar sus estrategias a los criterios de sostenibilidad.
Finalmente, la Directiva de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad también se ve afectada con una limitación de su alcance. Ahora, las obligaciones solo aplicarán a los proveedores directos, dejando fuera a una gran parte de las cadenas de suministro globales. También se relajan las auditorías y se elimina la posibilidad de sanciones civiles por incumplimiento, debilitando la protección de los derechos humanos y el medioambiente. Con este movimiento, la UE corre el riesgo de perder su liderazgo en sostenibilidad y enviar una señal equivocada al resto del mundo. El futuro de la regulación europea en esta materia dependerá de cómo evolucione el proceso legislativo y de la respuesta que den los distintos actores implicados en el ecosistema empresarial y financiero.
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