Trabajos verdes para salvar el planeta: crecen las oportunidades para la sostenibilidad y la emergencia climática.

Les preocupa la salud del planeta, ejercen un consumo responsable, creen en la economía circular, defienden las energías renovables, practican la gestión de residuos, se mueven en transporte limpio de emisiones, suscriben todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU… y trabajan en un gran banco o en una multinacional del sector energético. Hace unos años esta combinación de elementos podría haber parecido insólita (por no decir contra natura). Sin embargo, a medida que las cuestiones medioambientales han ido ganando peso entre las prioridades sociales, también las empresas las han incorporado a sus agendas, hasta el punto de que muchas a las que nunca parecía haberles importado demasiado el tema, ahora no dudan en enarbolar la bandera de la ecología como uno sus valores esenciales.

Pero la sensibilidad corporativa hacia lo sostenible no es solo una cuestión de moda o de lavado de imagen, sino que la cada vez más evidente necesidad de descarbonizar el planeta y cambiar el modelo energético abre también todo un abanico de posibilidades laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las acciones para frenar el cambio climático crearán 24 millones de empleos hasta 2030 en todo el mundo. Solo en Estados Unidos el sector solar generó 242.000 empleos el año pasado, frente a los 86.000 del sector carbón. En España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aseguró recientemente que acelerar la instalación de nueva capacidad en el ámbito de las renovables supondría inversiones de 32.000 millones de euros y generaría con rapidez 90.000 puestos de trabajo en todo el territorio, especialmente en el entorno rural.

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La responsabilidad social corporativa ‘puntuará’ para lograr contratos públicos.

La vigilancia sobre la política de responsabilidad social hacia la plantilla de la propia empresa, se mantendrá durante la duración del contrato.

La nueva ley de contratos del sector público, que entrará en vigor el 9 de marzo, obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética.

Además, la vigilancia sobre la política de responsabilidad social, por ejemplo, hacia la plantilla de la propia empresa, se mantendrá durante la duración del contrato. De esta forma, se penalizará el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

Además de cumplir con una serie de requisitos (ver cuadro adjunto), es muy importantes saber qué aspectos excluyen automáticamente de una contratación:

  • Ofertas con precios que no cubran los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de aplicación.
  • Las que sean tan anormalmente bajas que se presuman inviables.
  • Las empresas que no cumplan el requisito de que al menos el 2% de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores tenga reconocida una discapacidad.

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El Ibex 35 asume ya los retos de un desarrollo sostenible.

Los objetivos más trabajados por las empresas españolas coinciden en su mayoría con temáticas reguladas en la normativa nacional, por lo que las empresas deben cumplir con determinados requisitos legales, según se desprende de los datos del informe de la Red Española del Pacto Mundial, titulado: ODS, Año 2. Análisis, Tendencias y liderazgo empresarial en España. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Buen Gobierno.

Así, por ejemplo, en materia de seguridad y salud laboral -ODS 3- o en materia de condiciones de trabajo igualitarias entre mujeres y hombres -ODS 5-, las compañías consideran que la legislación por sí sola es insuficiente para alcanzar los Objetivos, como demuestra el hecho de que la brecha salarial entre hombres y mujeres se situase en España en el año 2014 en torno al 23 ciento.

En España, cada comunidad autónoma tiene un contexto particular, por lo que las empresas de cada zona se enfrentan a retos y desafíos específicos. La tendencia que reflejan las empresas firmantes del Pacto Mundial es generalizada en las diferentes regiones en relación al Objetivo 8 -Trabajo decente y crecimiento económico- y al Objetivo 5 Igualdad de género-. Estos se trabajan de forma prioritaria.

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COP21, ¿un acuerdo descafeinado?

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La Conferencia sobre el Cambio Climático de París nos ha dejado con un sabor agridulce, quizá con la sensación de haber perdido una oportunidad histórica y con la ilusión frustrada de aquello que pudo haber sido y no fue.

Hace unos meses nos preguntábamos si queríamos realmente detener el cambio climático y poníamos de manifiesto la importancia que la COP21 tendría a la hora de tomar medidas decisivas para limitar las emisiones globales futuras.

La COP21 (por Conferencia de las Partes, en inglés) se inició el 30 de noviembre y acabó el 12 de diciembre, un día después de lo previsto porque las negociaciones se alargaron para poder llegar finalmente al Acuerdo, que deberá ser ratificado en el plazo máximo de un año a partir del 22 de abril de 2016 por al menos 55 partes que sumen en total el 55% de las emisiones globales y que tendrá vigencia a partir de 2020.

Un total de 195 países por separado más los pertenecientes a la Unión Europea (actuando conjuntamente) acudieron a la Conferencia. De esos 195 países, un puñado de ellos por causas debidas a guerras, catástrofes naturales o diferencias ideológicas no presentaron sus compromisos previos para el Acuerdo.

Según la Comisión Europea, el Acuerdo de París que debía surgir de la COP21 tenía por finalidad principal “contribuir a efectuar la transición mundial hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático”.

Un acuerdo que iba a “exigir por primera vez a todos los países adoptar medidas específicas para ir reduciendo gradualmente las emisiones, en función de sus circunstancias nacionales”.

Las negociaciones fueron duras, con diversos puntos en los que las naciones estaban en desacuerdo, como por ejemplo en temas referentes a la financiación para los países en desarrollo; hasta qué punto el pacto era vinculante jurídicamente; cuáles iban a ser las cifras de reducción de emisiones, o sobre qué países debían asumir los costes de las medidas a tomar en función de si estaban o no en vías de desarrollo.

Un acuerdo con tantos países involucrados, con diferentes grados de desarrollo y diferentes políticas, intereses y voluntades desde luego no puede ser sencillo de conseguir, por lo que inevitablemente el compromiso al que se ha llegado tiene diversas lecturas. Dependiendo de quién las interprete son una victoria para el planeta o un fracaso. Veremos a continuación en qué se basan ambas lecturas.

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La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

25 de septiembre, 2015 — La Asamblea General de la ONU adoptó hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países.

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Fuentehttp://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=33371#.VhUMgLwyKHW